El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha declarado nula parte de la orden del Govern balear por la que se han mantenido confinados a 249 jóvenes estudiantes que se encontraban en Mallorca de viaje de estudios.
La juez Sonia Martín avala únicamente el confinamiento en Mallorca de aquellas personas que hayan dado positivo en las pruebas por coronavirus practicadas desde el fin de semana pasado. Es decir, 68 de los jóvenes afectados que han estado aislados, según los últimos datos del gobierno autonómico. De ellos, 14 han sido hospitalizados con sintomatología leve.
Según la decisión judicial, el resto de los que han sido sometidos a aislamiento forzoso en el hotel Bellver sin una prueba positiva, un total de 180, no deben seguir bajo aislamiento al no haberse acreditado de forma fehaciente por parte del gobierno balear que hubieran tenido contacto estrecho con infectados por coronavirus cuando se dictó la resolución que les confinó.
Eso incluye tanto a los que han dado negativo como a los que se negaron a someterse a una prueba alegando que no les habían demostrado haber tenido contacto estrecho.
La resolución judicial considera que la medida de aislamiento no fue suficientemente motivada ni justificada de forma detallada por el Govern, algo que el Juzgado le exige al afectar el confinamiento a un derecho fundamental.
En su auto, la jueza concluye que la medida no es proporcionada para muchos de los casos y que las justificaciones del Govern fueron «genéricas» a la hora de considerar a algunos de los afectados como «contactos estrechos» con positivos. «No se ha acreditado quiénes son los contactos estrechos de los positivos con un criterio concreto y determinado», establece el auto.
En muchos casos, indica, «no se ha establecido la vinculación entre ellos o por qué se considera que son contactos estrechos». El Juzgado considera que no es suficiente «un potencial diagnóstico de infección» para mantenerlos confinados.
La magistrada, que ha seguido la línea marcada por la Fiscalía, asegura que tanto ella como el Ministerio Fiscal no son «ajenos a que estamos ante una crisis sanitaria mundial que está produciendo muchas desgracias personales». Pero antepone que «en un Estado de Derecho la salvaguarda de los derechos fundamentales debe ser el estandarte que a todos nos debe guiar». Y que las restricciones deben ser «proporcionadas, necesarias, idóneas y sometidas a control judicial».
Para apuntalar su decisión se ha apoyado en una sentencia reciente del Tribunal Supremo en la que se analizó el mantenimiento de las medidas excepcionales en las Islas Canarias tras decaer el estado de alarma, así como a resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
La magistrada sí avala la decisión del Govern de confinar a los positivos y pide a las autoridades sanitarias que cada 5 días informe del estado de cada uno de los jóvenes que permanezcan aislados.
RESOLUCION JUDICIAL COMPLETA-AUTO 30-06-2021 NO AUTORIZA CONFINAMIENTO